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El Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco (COFPV) y la Federación de Consumidores de Euskadi (EKE) instan al Instituto Vasco de Consumo -Kontsumobide- a que se articulen políticas de información obligada y la adopción de medidas de control que impidan la contratación de productos formativos engañosos en materia fisioterapéutica.
Ambas entidades exigen la obligatoriedad de facilitar información veraz, completa y pormenorizada en las ofertas formativas que son desarrolladas en centros y academias de enseñanza no reglada.
La ausencia de políticas de control sobre este tipo de productos, derivan inevitablemente en situaciones de indefensión sobre la persona que opta por su contratación, movida por irreales promesas de supuestas competencias sanitarias.
El Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco (COFPV) y la Federación de Consumidores de Euskadi (FCE) instan a Kontsumobide, el Instituto Vasco de Consumo, a que se articulen políticas de información obligada y la adopción de las debidas medidas de control que impidan la contratación, año tras año, de productos formativos engañosos en materia de salud.
En opinión del COFPV y la FCE este tipo de ofertas distan enormemente de hacerse con las debidas garantías exigibles y contempladas en la Normativa General para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Servicios. Ambas entidades solicitan a Kontsumobide la adopción de medidas tendentes a que los centros y academias de enseñanza no reglada tengan la obligatoriedad de facilitar información veraz, completa y pormenorizada en las ofertas formativas que, en torno a técnicas, herramientas y/o conceptos propios del ámbito sanitario en general y de la Fisioterapia en particular (quiromasaje, osteopatía, auxiliar de fisioterapia, drenaje linfático, masaje deportivo) que son desarrolladas en dichos centros y academias.
Las agresivas campañas de marketing –en ocasiones no exentas de publicidad engañosa- en las que son identificados “proyectos profesionales garantizados” con la matriculación y posterior desarrollo de este tipo de aprendizajes no habilitantes para la práctica de actividad sanitaria o el desconocimiento del consumidor de los verdaderos límites y habilitación obtenida del título expedido, son algunos ejemplos de la evidente gravedad que se deriva directamente de la falta de una información pormenorizada exigible y del debido control sobre la forma y manera en la que el consumidor accede a este tipo de productos.
A lo largo de estos últimos años, ambas instituciones han identificado que la ausencia de políticas informativas y políticas estrictas de control sobre este tipo de productos, derivan inevitablemente en situaciones de indefensión sobre la persona que opta por su contratación, movida por irreales promesas de supuestas competencias sanitarias y vinculables con casos de intrusismo profesional sanitario.
La libertad de enseñanza ofrece una indiscutible legitimidad a la actividad docente desarrollada en este tipo de centros formativos y academias de enseñanzas no regladas, pero ello no debe ser óbice para articular mecanismos de información pormenorizada, respetuosa con los criterios de transparencia y veracidad, que evite episodios recurrentes de abusos de la confianza de los usuarios y usuarias de sus servicios.